Cancelación del capítulo agropecuario en la renegociación del TLCAN, exigen los campesinos mexicanos
A veintitrés años de la firma del TLCAN, miseria y marginación azotan al campo mexicano
José Calzada Rovirosa se levantó y salió de la reunión. Ante el asombro de todos, el Secretario de Agricultura demostró su nulo interés por la opinión y el sentir de los campesinos mexicanos; simplemente no le interesa, no le hace falta su orientación ni saber de su decisión y petición de sacar al Agro mexicano del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) debido a las condiciones de miseria, violencia y abandono en el que se encuentra el campo mexicano tras veintitrés años de existencia del TLCAN.
Los integrantes de la Comisión Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP) se reunieron con el Senador Isidro Pedraza Chávez, presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria en el Senado de la República, para expresarle su malestar e incertidumbre por las próximas renegociaciones del TLCAN, que se llevarán a cabo del 16 al 20 de agosto en Washington. En dicha reunión, los integrantes de la CONORP entregaron al Senador Pedraza un documento en el que se evalúa la situación del campo mexicano, así como los resultados de aplicación del TLCAN; este mismo documento se leyó ante el Secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, y el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y, lejos de mostrar algún interés, Calzada Rovirosa se levantó a mitad de la lectura y abandonó la reunión.
Este documento –señaló José Jacobo Femat, presidente nacional de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares- no fue bien recibido por el Secretario de Agricultura, no se esperó al término de la lectura: el hombre se levantó a la mitad del documento, cuando estábamos señalando fuertes críticas a la falta de una política agroalimentaria para el país, a la fuerte dependencia con respecto a la importación de alimentos, a la influencia terrible que tienen las empresas transnacionales en todos los procesos de acopio y comercialización de los productos, y que son responsables en buena parte de la miseria porque son quienes fijan los precios y son los que especulan.
Campesinos y dirigentes de organizaciones agropecuarias son tajantes: la situación actual del campo mexicano es de miseria y de marginación. Después de que los Estados Unidos publicara hace apenas unos días su lista de veintidós peticiones que abordará durante la renegociación del TLCAN, el sector agroalimentario de nuestro país se puso en alerta y apuntan que los temas a vigilar son el maíz, las competencias salariales y las barreras no arancelarias que pueden perjudicar (aún más) al campo mexicano.
Y es que, en teoría, en el TLCAN “el sector agroalimentario es un instrumento de progreso y beneficio mutuo para productores y consumidores de los países socios y ejemplo de integración en las economías de la región”, al menos en eso coincidieron los secretarios de agricultura de México, José Calzada Rovirosa, y el de Estados Unidos, George Sonny Perdue; sin embargo, en la práctica del dicho al hecho hay mucho trecho y no sólo se trata de negociar el comercio trilateral sino, también, la producción de alimentos y granos básicos y, con ello, fomentar la autosuficiencia alimentaria.
La Secretaría de Economía y la SAGARPA se encuentran más preocupadas por escuchar a agroempresarios y comercializadores, ignorando por completo a las dirigencias campesinas y sus propuestas para generar información estratégica del sector agroalimentario nacional que sirva de base para las mesas de renegociación del TLCAN.
Los campesinos del país no confían en que el TLCAN resolverá el problema de producción de alimentos, para ello –apuntan- se requiere toda una estrategia de producción alimentaria y fortalecimiento del mercado interno. En este sentido, el documento que los integrantes de la CONORP entregaron al Senador Isidro Pedraza Chávez contiene cuatro planteamientos.
En principio –afirmó tajante José Jacobo Femat- la cancelación inmediata del capítulo agropecuario de las mesas de negociación del TLCAN que comenzarán el 16 de agosto. El segundo planteamiento, impulsar con base en el Artículo 35 Constitucional, fracción VIII, y en los Artículos 5, 11 y 14 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en materia económica una consulta popular sobre la permanencia del tema agropecuario dentro de TLCAN.
El tercer planteamiento: reconocimiento por parte del titular de la SAGARPA a la representatividad que el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable tiene como instancia incluyente y representativa de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural, tal como se establece en el Artículo 17 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y el desconocimiento del Consejo Nacional Agropecuario como interlocutor para los temas presupuestales y de políticas públicas agropecuarias.
Cuarto planteamiento: construcción de un programa nacional para el desarrollo rural, agropecuario, pesquero, acuícola, forestal, ambiental y extractivo, para el corto, mediano y largo plazo, con los objetivos de asegurar la soberanía alimentaria, la integridad territorial, el cuidado del medio ambiente, los recursos naturales y minerales del país, y garantizar empleo ingreso económico y bienestar a la familia rural y urbana.
Según plantea la CONORP, la firma del TLCAN, que entró en operación el 1 de enero de 1994, no ha significado mejoría alguna para los trabajadores del campo y sus familias, así como tampoco para México. El campo mexicano se estancó en los promedios de producción de alimentos que ya se tenían, y se ha convertido en uno de los mayores importadores de alimentos del mundo. Ningún beneficio ha traído el TLCAN a los campesinos, para ellos ha significado incremento en miseria familiar, despojo de tierras, desempleo, migración forzada, violencia física, mayor injusticia e incertidumbre económica. Es necesario destacar que la tasa de pobreza en México pasó a 55.1% en 2014, lo que significa un aumento de alrededor del 20% y 12% en la proporción de pobres extremos y moderados, respectivamente, con relación a 1994, lo que implica que el número de pobres se incrementó en 20.5 millones más de personas.
Debido a la venta de las empresas del gobierno que servían de apoyo al campo, hoy los campesinos están en manos de intermediario voraces que se apropian de sus cosechas por precios ínfimos que no permiten recuperar la inversión en la producción, amparados y protegidos por el “Acuerdo” de libre mercado o libre competencia. Asimismo, con la firma del TLCAN fue necesario modificar el marco jurídico constitucional original, dando paso a un nuevo marco jurídico que ha servido para facilitar el despojo de tierras, el saqueo de recursos naturales y minerales y la explotación de los trabajadores del campo y la ciudad.
Los integrantes de la CONORP señalaron que los resultados del impacto real que el TLCAN ha tenido en el campo mexicano nunca han sido revelados ni dados a conocer de manera oficial. Los funcionarios, acusaron, han actuado desde un libertinaje antipatriótico manipulando dichas cifras y desechando los procesos de consulta que están obligados a realizar con la participación de los actores de la producción, los campesinos y sus organizaciones, y al conjunto de ciudadanos, pues involucran la soberanía alimentaria, política, económica, cultural, territorial y ambiental del país.
“Se ha querido presentar la renegociación del TLCAN como una oportunidad y un tema de beneficio para la población y el país, con información distorsionada y falsos argumentos, ajenos a la soberanía y los derechos humanos”, explicó Jacobo Femat, y añadió que, después de vivir los supuestos beneficios obtenidos en 23 años de aplicación, un nuevo episodio sólo traerá más miseria, violencia, corrupción e incertidumbre a la población.