Ley de Seguridad Interior: inconstitucional, pero aprobada por Senadores del PRI y aliados
No valieron los argumentos, de nada importó que organismos internacionales recomendarán no aprobar esta ley; de nada valió el reclamo de los mexicanos, las marchas y los testimonios. Anoche fue aprobada la Ley de Seguridad Interior por el Senado de la República en lo general y en lo particular con 71 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones.
Los Senadores de la oposición hicieron evidente el desinterés de los senadores de la bancada priísta, algunos panistas y los del Partido Verde de escuchar las razones y los argumentos para no votar a favor de esta ley que, afirman, es un claro desafío a los mexicanos, y una falta de respeto a los miembros de las fuerzas armadas de nuestro país.
Doce horas transcurrieron antes de que, al final, esta ley que es catalogada por muchos como golpista, fuera aprobada y enviada a la Cámara de Diputados en donde el PRI planea aprobarla este viernes.
Es indudable -y cuesta trabajo no comentar- que para aprobar esta ley la mayoría de los senadores evidenciaron la forma exprés con la que votan a favor o en contra de las propuestas que les envía el Ejecutivo. La Ley de Seguridad Interior es una ley ambigua, anticonstitucional que ignora los derechos humanos y que pone en riesgo la estabilidad y la paz social de nuestro país.
A pesar de que fueron reservados todos los artículos, la mayoría de los Senadores enmarcaron esta ley en la guerra contra el narcotráfico, que durante diez años ha cobrado miles de vidas.
La Senadora Dolores Padierna Luna afirmó que esta Ley instaura la militarización, porque otorga a los grupos castrenses la posibilidad de dirigir a los grupos interinstitucionales integrados por las autoridades civiles; y es que la ley desobedece lo recomendado por la ONU y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Por su parte, el Senador Héctor Flores Ávalos señaló que la minuta de la Cámara de Diputados contenía un texto cuestionable y dudoso, en el que se advierten dos aspectos: uno relacionado con la salvaguarda de los Derechos Humanos, y otro con los límites a la manifestación de las ideas.