Senadores avalan Ley General de Biodiversidad, pero no prohíben la explotación en las áreas naturale
Al parecer a la gran mayoría de los senadores ya les andaba por irse de vacaciones, y es que, casi al cierre del periodo de sesiones, el Senado aprobó de forma acelerada la nueva Ley General de Biodiversidad que, si bien aborda las inquietudes de ambientalistas y académicos, no prohíbe de manera expresa las explotaciones mineras y de hidrocarburos en las áreas naturales protegidas.
Después de haber estado casi un día dándole vueltas a la Ley de Seguridad Interior; sin conocer el dictamen de esta Ley General de Biodiversidad, los Senadores (así como son de raudos y veloces), aprobaron con 88 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones.
Es importante señalar que la mayoría de los Senadores rechazaron la reserva de la senadora Silvia Garza, quien es secretaria de la Comisión del Medio Ambiente, para incluir el impedimento expreso de proyectos mineros en las áreas naturales protegidas.
El proyecto de Ley General de Biodiversidad se presentó el pasado 25 de octubre en la Cámara de Senadores, y justifica la necesidad de su expedición en los siguientes argumentos de integrar el protocolo de Nagoya a la legislación mexicana; integrar las disposiciones de biodiversidad en un solo ordenamiento que tenga disposiciones trasversales y señale la concurrencia entre los tres niveles de gobierno; fortalecer y actualizar las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre y conservar la biodiversidad de México.
Para ello, se presentó un articulado con 237 numerales y 11 artículos transitorios que abrogan la Ley General de Vida Silvestre y derogan el Título Segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, todo ello dentro del marco constitucional de derechos humanos, conforme lo mandatado por el Artículo 1° de la Carta Magna.
Esta iniciativa señala que uno de los objetivos del texto es dar cumplimiento a varios derechos humanos reconocidos en el texto constitucional, entre ellos los derechos de pueblos y comunidades indígenas respecto al uso y manejo de recursos naturales, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la información, el derecho a la participación y el derecho de acceso a la justicia, considerando a la conservación (como el uso y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad) una forma para llegar a este fin.
Al parecer, a la mayoría de los senadores que votaron a favor les pasó de noche conocer a fondo lo que esta Ley requiere y exige para fortalecer el resguardo de las áreas naturales protegidas.
Para cerrar, una pregunta: ¿Dónde quedaron los senadores del Partido Verde Ecologista de México?